En los cursos 2011-12, 2012-13 y 2013-14 en la provincia de Teruel se
perdieron 129.4 puestos de trabajo docente el
primer curso, 74.4 al siguiente y 55 el último de ellos. Esta bajada de
profesorado se acompañó de un descenso de aulas abiertas. Muchos pueblos
perdieron su escuela.
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural, precisamente le amparaba y protegía de semejantes
iniquidades. La Administración, entonces gobernada por el Partido Popular,
ignoró por completo las demandas de zonas despobladas que necesitan apoyo
institucional para un desarrollo del territorio equilibrado y vertebrado.
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| Marchas Cuencas Mineras 2013 |
Ignacio Martínez, portavoz de la Agrupación de
AMPAS de Cuencas Mineras durante los años de 2011 a 2013, señala que estas se coordinaron para
defender sus derechos y después de agotar
todas las vías administrativas, con sus plazos, denunciaron ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón en dos ocasiones, en 2012 y 2013 y en la
Fiscalía de Menores una tercera, en 2014. En todos los casos pidieron medidas cautelares, que nunca fueron
tenidas en cuenta y sólo se les dio una sentencia final al cabo de dos años en
cada demanda.
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| Ignacio Martínez, Portavoz AMPAS Cuencas Mineras |
A la indignación de aquel momento se suma el estupor que supone ver como
ahora si se toman medidas cautelares, que amparan a un alumnado que, como
mínimo, no tendrá que viajar a otra localidad para ser escolarizado. Sorprende
que las familias de Cuencas Mineras no tengan derecho a decidir, de modo
cautelar, si libremente prefieren que sus hijas e hijos estudien en las
localidades donde residen. Sorprende que una misma legislación permita tomar
una decisión y la contraria.
Elena Andrés
CCOO Enseñanza Teruel
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