La universidad irá a la huelga el próximo 24 de marzo para frenar la reforma encubierta de Wert
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, junto con las organizaciones estudicales Sindicato de Estudiantes (SE), Estudiantes en Movimiento (EeM) y Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST), han anunciado esta mañana un paro general en defensa de una universidad pública de calidad y contra las políticas de acoso y derribo de José Ignacio Wert.
Rueda de prensa de sindicatos y estudiantes.
"Con el 3+2 se producirá un recorte de 1.000 millones, que se añadirá a los 1.500 que han perdido las universidades entre 2010 y 2014 "
Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Universidades -CCOO, UGT, CSIF y CIG- denuncian a través de una declaración conjunta que la introducción de los grados de 3 años y los másteres de 2 se ha aprobado con la oposición de toda la comunidad universitaria, de la Conferecia de Rectores (CRUE), sin debate político ni social, sin una evaluación de la implantación de la última modificación legislativa consecuencia de la aplicación del proceso del "Bolonia" y sin una justificación creíble de sus propuestas.
Alertan de que los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio producirán una disminución significativa del alumnado universitario. La reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de estudiantes tendrán un impacto muy negativo en la financiación de las universidades, el empleo y las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y servicios, dando lugar a una reconversión del sector.
En este sentido, recuerdan que, según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las universidades ingresarán 150 millones de euros menos en concepto de matrículas, a los que se sumará el ahorro de las comunidades autónomas, que algunos cifran en 850 millones. Por tanto, se producirá un recorte de 1.000 millones, que se añadirá a los 1.500 que han perdido las universidades entre 2010 y 2014.
Asimismo, denuncian que en los últimos meses de su mandato, el Gobierno se plantea aprobar dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora.
En el borrador de RD de creación de centros y universidades se elimina la referencia a la programación general de la enseñanza que debería permitir la planificación de la oferta y muchos requisitos mínimos y rebaja la exigencia de los que quedan. El número de títulos que deben ofertar sigue siendo ocho, pero ya no se exige que al menos uno sea de ciencias experimentales. Se flexibiliza y desregula para facilitar el negocio de acuerdo con la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, con el fin de "crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes".
En la práctica, esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
Por último, la propuesta ministerial de Real Decreto por el que se modifica la acreditación del personal docente e investigador (PDI) funcionario establece un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y continúa minusvalorando la actividad docente frente a la investigación.
El nuevo baremo puramente cualitativo no permite la autoevaluación de los candidatos, al impedir medir con exactitud sus méritos, y dificultará todavía más la obtención de la acreditación que permite al profesorado acceder a la universidad. Igualmente, fracasa en el intento de equilibrar calidad y cantidad de méritos. Parece que el objetivo final del Gobierno es endurecer los requisitos para la acreditación, aunque su argumento sea incrementar la calidad de los acreditados.
Las organizaciones firmantes de este comunicado rechazan estas iniciativas que pretenden convertir las universidades en empresas de servicios educativos y piden a la comunidad universitaria que se sume al rechazo y participe en la huelga del próximo 24 de marzo
Alertan de que los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio producirán una disminución significativa del alumnado universitario. La reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de estudiantes tendrán un impacto muy negativo en la financiación de las universidades, el empleo y las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y servicios, dando lugar a una reconversión del sector.
En este sentido, recuerdan que, según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las universidades ingresarán 150 millones de euros menos en concepto de matrículas, a los que se sumará el ahorro de las comunidades autónomas, que algunos cifran en 850 millones. Por tanto, se producirá un recorte de 1.000 millones, que se añadirá a los 1.500 que han perdido las universidades entre 2010 y 2014.
Asimismo, denuncian que en los últimos meses de su mandato, el Gobierno se plantea aprobar dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora.
En el borrador de RD de creación de centros y universidades se elimina la referencia a la programación general de la enseñanza que debería permitir la planificación de la oferta y muchos requisitos mínimos y rebaja la exigencia de los que quedan. El número de títulos que deben ofertar sigue siendo ocho, pero ya no se exige que al menos uno sea de ciencias experimentales. Se flexibiliza y desregula para facilitar el negocio de acuerdo con la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, con el fin de "crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes".
En la práctica, esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
Por último, la propuesta ministerial de Real Decreto por el que se modifica la acreditación del personal docente e investigador (PDI) funcionario establece un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y continúa minusvalorando la actividad docente frente a la investigación.
El nuevo baremo puramente cualitativo no permite la autoevaluación de los candidatos, al impedir medir con exactitud sus méritos, y dificultará todavía más la obtención de la acreditación que permite al profesorado acceder a la universidad. Igualmente, fracasa en el intento de equilibrar calidad y cantidad de méritos. Parece que el objetivo final del Gobierno es endurecer los requisitos para la acreditación, aunque su argumento sea incrementar la calidad de los acreditados.
Las organizaciones firmantes de este comunicado rechazan estas iniciativas que pretenden convertir las universidades en empresas de servicios educativos y piden a la comunidad universitaria que se sume al rechazo y participe en la huelga del próximo 24 de marzo
